Cinco regiones en España contra exclusión sanitaria

El 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos (como hasta ahora) por los médicos. Así lo acordó el Gobierno de Mariano Rajoy en una decisión basada en su política de recorte de gastos para reducir el déficit.A 15 días del trance, la España autonómica está dividida en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal (sin detallar cómo lo piensan hacer) y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria.Por lo menos cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, alertaron de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno central. Por eso garantizaron en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora.Desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ideó un mecanismo que consiste en obligarlos a contratar una especie de seguro médico con las administraciones autonómicas (a 700 euros al año por persona) para poder disponer de atención en la red pública.Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantizó la continuidad de la atención, pero pasará la factura a sus países de origen. Los gobiernos autonómicos que se oponen a esta resolución estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que dirige Boi Ruiz, tiene intención de anunciar en la última semana de agosto cómo aplicará el decreto.Andalucía no tiene intención de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque en su opinión rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España y, además, podría desencadenar problemas de salud pública. Las autoridades regionales no descartaron acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno los obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que la medida contraviene su estatuto de autonomía. El País